EL GRUPO COALICIÓN EN COMÚN-IZQUIERDA UNIDA “CONSIDERA QUE CABE INTERPRETAR” QUE LA CARTA REMITIDA POR LA SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA, ELENA COLLADO, NI SOLUCIONA EL PROBLEMA A LARGO PLAZO NI GARANTIZA UN COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN CON LAS JUNTAS VECINALES

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El Diputado de Coalición en Común-Izquierda Unida, Miguel Flecha, confirma que la formación “seguirá solicitando la derogación de la Ley Montoro como única garantía de autonomía local, suficiencia financiera y la posterior comarcalización del SAM, exigiendo un mayor compromiso por parte de la Diputación de León y su Servicio de Asistencia mientras ésta siga en vigor.”

 

Con fecha 12 de abril, el grupo Coalición en Común-IU registró en la Diputación de León una moción que en su parte dispositiva pedía, además de la revisión de la disposición adicional quinta de este Real Decreto, una implicación de la Diputación y del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM). Esta moción, que quedó parada porque el PP aseguró que estaba trabajando en las posibles soluciones, recordaba al Grupo Popular de la Diputación sus obligaciones con las Juntas Vecinales de la provincia, que parece no quieren asumir.

No hay que olvidar que este decreto deriva de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (conocida como Ley Montoro), ley ampliamente contestada por casi todos los grupos políticos cuyo objetivo aparece muy bien explicitado en su declaración de motivos: favorecer la iniciativa económica privada, consiguiendo el control de las entidades locales menores para limitar su autonomía, sus competencias y su capacidad económica dificultando su gestión y haciendo unas exigencias desproporcionadas respecto a los medios de que disponen. Es decir, privatizar los bienes comunes que aún nos quedan en nuestros territorios. Más de 600 alcaldes, concejales y parlamentarios autonómicos firmaron en octubre un manifiesto contra esta Ley.

“Si la solución propuesta por esta institución es aceptar la interpretación del carácter no retroactivo del Real Decreto y esperar a las próximas elecciones, y al cese de los actuales secretarios vecinos, vamos a encontrarnos este mismo problema dentro de un año”, indica el Diputado Miguel Flecha.

Desde Coalición en Común-Izquierda Unida insistimos:

  • En el Capítulo II, Artículo 10 del RD 128/2018 se indica, literalmente, que las Entidades Locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 200.000€ (es decir, la mayoría de nuestras pedanías), pueden ser eximidas de estas obligaciones, y que las funciones atribuidas al puesto eximido serán ejercidas por los Servicios de Asistencia (SAM).
  • En el propio Reglamento del SAM, que redactó y validó la Diputación de León, se especifica en su Capítulo V el objeto del Servicio para garantizar la prestación de las funciones de secretaría-intervención: Así, el artículo 9 recoge que los funcionarios con Habilitación Estatal adscritos al SAM, entre otras funciones, tienen encomendada la prestación de funciones de Secretaría-Intervención a las entidades locales menores exentas y cometidos especiales de carácter circunstancial por el tiempo necesario en casos de ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria.

Esta Diputación no puede ni debe mirar para otro lado como si este asunto no le afectara, ya que está directamente implicada en este asunto y debe asumir un papel protagonista en su solución definitiva. Obligación que evitaría otro problema generado a raíz de este Real Decreto, al pretender que el Secretario-Interventor de cada Ayuntamiento sea el que lleve cada Junta Vecinal de su Municipio, y que implicaría complicaciones mucho mayores en la resolución de conflictos, ya que la participación del SAM evitaría que la misma persona asesore a Ayuntamiento y Pedanía en un conflicto.

Por ello, desde Coalición en Común-IU pedimos que la Diputación Provincial apoye con hechos la apuesta decidida que dice mantener por la supervivencia las Juntas Vecinales de la provincia, ampliando la plantilla de personal de la Diputación y creando diversas plazas para llevar a cabo las funciones de Secretaría-Intervención en las Juntas Vecinales y que además, el gobierno de la Junta de Castilla y León se comprometa a apoyar este servicio y dote de los medios económicos y humanos para su desarrollo y ejecución. Todo esto, evidentemente, antes del fin de la actual legislatura.

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